El comienzo del estallido social ocurrido el 18 de octubre del 2019 reactivo varias problemáticas sociales que se han estado viviendo desde la dictadura de Augusto Pinochet, y que en lugar de solucionarse, se agudizaron con la “reinserción” de la democracia. Debido a esto, diferentes organizaciones de ciudadanos y ciudadanas convocaron a cabildos alrededor del país para discutir sobre los conflictos actuales y proponer soluciones a estas problemáticas. Ante esto, Modatima, el seis de noviembre de ese año, convocó al “Cabildo por la Soberanía Socioambiental” el cual contó con alrededor de 300 asistentes. Posterior a esto, se realizó un análisis de los datos obtenidos y los resultados fueron expuestos durante el conversatorio “Desafíos socioambientales para la nueva constitución”.
El conversatorio que tuvo lugar el jueves 30 de enero en el Archivo Nacional de la comuna de Santiago, contó la participación de más de 70 asistentes y la presencia de diferentes panelistas, tales como: Alejandra Donoso, abogada de la Defensoría Ambiental; Estefanía González, geógrafa de Greenpeace; Javiera De la Paz, Bióloga Ambiental, de Modatima Santiago y Rodrigo Mundaca, Ingeniero agrónomo y vocero nacional de Modatima. Esta instancia abordó como mayor problemática el modelo estructural en el que Chile se desarrolla: el neoliberalismo, modelo que tanto les panelistas, como los resultados expuestos, apuntan como eje central y origen de las problemáticas. Por su parte, el extractivismo, la desigualdad socioeconómica y la privatización de los bienes comunes naturales fueron factores que se mencionaron en reiteradas ocasiones por los integrantes del conversatorio.
Neoliberalismo como principal eje del malestar colectivo
A partir de la información obtenida de los y las asistentes al cabildo, se llegó a la conclusión de que el origen del conflicto social que nos encontramos en la actualidad se debe a cinco problemáticas, las cuales se enmarcaron en las siguientes categorías: modelo estructural, medio ambiente, institucional, normativo y tejido social.
Respecto del modelo estructural cerca de un 80% de las menciones hace alusión a que el origen se debe a la desigualdad social, económica y al modelo extractivista, el cual es un proceso multiescalar que implica la movilización de grandes volúmenes de recursos naturales, generalmente no procesados y con la especialización de la producción en masa.
En la categoría institucional cerca del 60 % de menciones tratan sobre la desregularización gubernamental/estatal y el centralismo a la hora de la toma de decisiones.
En relación al plano normativo que se desarrolla en nuestro país cerca de un 90 % de las menciones está de acuerdo que una de las principales causas que ha llevado el malestar colectivo, es la privatización de los bienes comunes primarios, en donde se debe hacer hincapié en el robo y usurpación de agua, como Modatima ha señalado y denunciado durante años la última década.
Dentro de las mismas especificaciones, tanto los integrantes del cabildo como les expositores del conversatorio, concordaron en que el principal causante del malestar colectivo es el neoliberalismo y sus consecuencias en diferentes niveles: sociales, ambientales, económicos y culturales..
Este modelo de desarrollo se instauró en Chile durante de la dictadura de Augusto Pinochet en la década de los 80`, en donde sus bases se implementaron a través de la privatización de diferentes sectores (incluidos los servicios básicos), una limitada y pequeña regulación del estado, el fortalecimiento del derecho a la propiedad privada y el libre funcionamiento de los mercados.
La dictadura provocó que se introdujeran medidas neoliberales sin restricción alguna, aplicando una lógica de mercado que no solo abarca lo económico sino también lo laboral, educacional, las pensiones, la salud y nuestra relación con el medio ambiente, por solo nombrar algunos ejemplos. Asimismo, es una ideología que distorsiona la realidad para encubrir intereses materiales de empresas transnacionales y grupos económicos emergentes que se apropiaron de las empresas estatales a espaldas de todos los chilenos, como son los casos de las familias Luksic, Angelini y Mate, quienes se han visto beneficiados por los subsidios estatales que fomentan la deforestación y apropiación de tierras, gracias al DFL 701. Es por esto que a medida que el modelo neoliberal se instauraba en nuestro territorio la privatización de los bienes comunes y la destrucción de nuestro medio ambiente iba en aumento.
Para Rodrigo Mundaca, vocero nacional de Modatima “el neoliberalismo en términos clásicos es considerado como la fase superior del capitalismo”.
El proceso de puesta en marcha de la lógica neoliberal en Chile ha dado cuenta de una articulación de conveniencia económica-política entre los intereses del estado y los capitales nacionales y extranjeros. Así, en la actualidad el Estado se ha convertido en el garante de los “derechos” del capital mundial y es en definitiva donde se han dado ciertas modificaciones legales que afectan la relación entre el dominio público y privado.
“Este modelo de desarrollo que existe, creó esta idea de un crecimiento infinito, sin límites, que es necesario para “crecer” pero que muchas veces se olvida que en realidad vivimos en una tierra con recursos finitos y que por lo tanto no es posible”, comenta Javiera De la Paz del Modatima Santiago. Del mismo modo, para Alejandra Donoso de la Defensoría Ambiental este modelo “mercantiliza la vida, y esa mercantilización de la vida es la que hizo crisis y no va a dejar de hacer crisis porque el modelo descansa sobre la desigualdad”.
¿Cómo afecta el modelo neoliberal al medioambiente?
Con esta pregunta se dio inicio al conversatorio con les panelistas. El neoliberalismo dañó a los ecosistemas a través del crecimiento de la industria forestal, pesquera, y minera. La primera de estas ocurrió cuando se estableció una bonificación por parte del Fisco para poder aumentar la producción forestal, sector que se extiende mayoritariamente en el sur del país en donde las plantaciones de eucaliptos y pinos (árboles introducidos desde el extranjero) copan los lugares en donde antes existía bosque nativo, y que en comparación con éstos: consumen mucha más agua y son más inflamables. Dos ejemplos son la destrucción de 48.592 hectáreas de bosque nativo en las VII y VIII regiones para plantar pino y que el 73% de la superficie cultivada en la región de la Araucanía corresponden a pinos y eucaliptos. Al respecto, Rodrigo Mundaca comenta que “este modelo forestal y esta conceptualización del neoliberalismo que se apropia de los bienes naturales comunes impacta el medio ambiente”. Asimismo, el crecimiento de la industria forestal provocó la degradación y erosión de los suelos, contaminación de los ecosistemas debido a los desechos que originan por esta industria y la disminución de agua, entre otras cosas.
Por su parte, el neoliberalismo trajo al sector pesquero la inserción de la extracción masiva o industrial que el día de hoy se vislumbra con la pesca de arrastre, la cual para extraer las especies deseadas simplemente arrasa con todo, sin importar si en la red se encuentran otras especies. Además, este tipo de pesca es tan dañina para los ecosistemas marinos que está prohibida en diferentes países.
De la misma forma, este modelo de desarrollo trajo consigo la concentración de este mercado en 7 grandes familias: Angelini, Lecaros, Yaconi Santa Cruz, Sarquis, Stengel, Fernández e Izquierdo quienes se encuentran fusionados en cuatro grandes conglomerados que acaparan el 92% de la pesca nacional, afectando notablemente a los pequeños artesanos. También, estas multimillonarias familias poseen 20 años de pesca gratuita debido a la Ley de Pesca, más conocida como “Ley Longueira”.
Desde la inserción del modelo neoliberal la minería se convirtió en la mayor inversión extranjera en el país. En los ochenta, Chile aumentó su producción de aproximadamente 1.9 millones de toneladas anuales a 3.4 millones de toneladas anuales. Este proceso de expansión se hizo sin las regulaciones ambientales suficientes y también sin fiscalizaciones que aclaren el daño ecológico que estaban ocasionando y los efectos que tendrían dentro de un futuro próximo.
Chile es el segundo productor más grande de litio a nivel mundial y la extracción de este material ha estado afectando gravemente los ecosistemas del Salar de Atacama. Asimismo, Chile es el mayor productor de cobre, albergando seis de las diez minas de este metal más importante a nivel global.
Minería, contaminación y usurpación de agua, son conceptos que van de la mano, claro ejemplo de ello se visibiliza a través de la transnacional Anglo American que actualmente extrae 780 litros por segundo de distintas fuentes acuíferas, tanto subterráneas como superficiales.
Defendiendo el agua
Respecto de la defensa y recuperación del agua, los integrantes del cabildo del pasado seis de noviembre, concordaron en que la privatización de este bien natural común ha desencadenado diferentes problemáticas que en la actualidad se vislumbran con la escasez hídrica que está atravesando el país.
Por un lado, los 42 entes gubernamentales y privados que están encargados de la fiscalización no han cumplido su labor como se debe, debido a que el robo de agua por parte de diferentes empresas es común. Además, este acto de usurpación es solo condenado con el pago de una multa que finalmente ratifica en ser una falta administrativa y no un delito. Por lo mismo, fortalecer las organizaciones que funcionan como fiscalizadores resulta importante, tal como es la Dirección General de Aguas (DGA) que se encarga de administrar los recursos hídricos a nivel nacional.
Por otro lado, la derogación del Código de Aguas resulta primordial debido a que declara las aguas como un bien económico que se puede transar dentro del mercado, admitiendo la compra, venta y arriendo del agua, e instrumentalizando de esta manera la propiedad privada de este vital elemento, que está establecido en la actual Constitución Política. Así, la normativa vigente en torno al agua, es absolutamente contraria a la urgente necesidad de establecer a las aguas como un bien de uso público de importancia estratégica, que debiera priorizar el consumo humano y las actividades de subsistencia. Igualmente, este Código separa la propiedad del agua del dominio de la tierra, permitiendo que existan propietarios de tierra sin agua y propietarios de agua sin tierra, esto debido a que durante la dictadura los derechos de aprovechamiento de agua se repartieron desmedidamente. Finalmente, este Código de Aguas concede derechos de agua gratuitos y perpetuos que se entregan a través de la DGA.
Demandas prioritarias y mecanismos para avanzar hacia una mayor justicia socioambiental
Una nueva institucionalidad se presentó como una de las soluciones más mencionadas por los asistentes del cabildo ante la pregunta sobre cuáles son las “Demandas prioritarias y mecanismos para avanzar hacia una mayor justicia socioambiental”, lo cual concuerda con la demanda popular que obligó al ejecutivo a aceptar la realización del plebiscito que se concretará el 26 de abril para decidir si se redactará una nueva Constitución, o si seguiremos rigiéndonos con el mismo texto legal que fue aprobado en 1980, en una época en donde la democracia no se ejecutaba y en donde el sistema de aprobación de dicha carta constitucional presentó diversas irregularidades. Asimismo, según los asistentes al cabildo esta nueva carta magna debe contemplar la protección medioambiental y una mejorada gestión de los bienes naturales comunes, incluyendo la creación del Ministerio del Agua para enfrentar de mejor manera la sequía que atraviesa el país y legislar a favor de asegurar al agua como un derecho humano. Otra de las propuestas que comentaron los participantes, fue la penalización a quienes dañan el medioambiente, pero no de forma monetaria (como ocurre en muchos casos actualmente) sino con sanciones penales. Finalmente, todos los participantes concordaron en que la naturaleza debe ser sujeto de derechos y de esta manera permitir su protección y con ello asegurar la mantención de las funciones ecosistémicas, esenciales para la preservación del medioambiente, la estabilidad de los ecosistemas y la salud de la población. Según Estefanía González de Greenpeace “tenemos esta visión de que los elementos de la naturaleza son recursos naturales en vez de bienes comunes y eso es lo que nos ha llevado a esta crisis que hoy día es innegable”.
Por otro lado, los asistentes dialogaron sobre las “alternativas al neoliberalismo”, una de las más comentadas fue poner fin al extractivismo desmedido realizado por las empresas privadas y estatales en los rubros agrícolas, forestales y mineros. Es imperativo comenzar a emplear modelos productivos sustentables y amigables con el medio ambiente, un ejemplo de ello es cambiar el enfoque del modelo productivo agrario por un modelo basado en los principios de la agroecología, la cual busca producir alimentos de calidad y saludables tanto para el ser humano como para su entorno, evitando aplicaciones de agrotóxicos y producciones extensivas, las cuales terminar por destruir suelos, cuencas y napas subterráneas con la sobrequimizacion que se produce durante un proceso agrícola intensivo convencional. De esta forma, comenzar con un sistema que no destruya los ecosistemas de manera permanente podría darse empezando por respetar los ciclos naturales de los materiales, ajustar la distribución de los cultivos a las condiciones geográficas y climáticas de cada región, utilizar estrategias como el manejo integrado de plagas y aumentar la tecnificación de riego, para reducir el uso agroquímicos y aguas.
Respecto del marco internacional se concordó en el rechazo total al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP 11), el cual es un tratado de libre comercio que reduciría la soberanía nacional, en el plano ambiental fortalecerá la privatización de los bienes naturales comunes, pondría en jaque nuevamente los cultivos transgénicos y dificultaría la regulación de los plaguicidas que se utilizan en el país. Por otro lado, se concordó de manera unánime el apruebo del “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, más conocido como Escazú, el cual garantiza el derecho de todas las personas a vivir dentro de un medioambiente sano. También, el acuerdo estipula que las personas forman parte de la toma de decisiones en cuestiones que afecten el medioambiente, que los gobiernos deben entregar información a la ciudadanía a través de una plataforma de transparencia medioambiental y que los Estados deben garantizar el cuidado de quienes defienden y protegen el medioambiente e investigar y sancionar los actos en su contra.
También, dentro de un contexto más general y acercándose a la situación país los integrantes aclararon la importancia de terminar con el sistema de la Administradora de Fondo de Pensiones (AFP), la necesidad con de contar una educación libre, gratuita y de calidad, y una salud de calidad donde no se imposibilite la atención y el acceso por falta de dinero, entre otras cosas.
